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Valor sindical

Blog de Pepe Álvarez, Secretario General de UGT

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Por 32 millones de razones

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Hace tan sólo cinco días, miles de personas se manifestaron en Madrid como colofón de diez días de marchas realizadas por militantes de UGT y CCOO para reclamar pensiones dignas, que atravesaron España desde cinco puntos de salida, recorriendo 2.500 kilómetros y decenas de poblaciones, hasta llegar a Madrid. Diez días muy duros, con un esfuerzo muy intenso por parte de los pensionistas y jubilados afiliados a los dos sindicatos. Diez días de manifestación continua para exigir al Gobierno que se siente a negociar unas pensiones dignas, para decirle que la lucha va a continuar hasta que consigamos que nos retornen todo aquello que nos han robado como consecuencia de la crisis. Justo cuando se cumple un año desde que una proposición de Ley impulsada por UGT y CCOO fue registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDC. Solo el Partido Popular y Ciudadanos no se sumaron a la propuesta sindical para que las pensiones se revalorizarán de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC). Una proposición que aprobó el Congreso de los Diputados unos días después y que el Gobierno se encargó de bloquear de manera injusta e inconstitucional alegando su capacidad para vetar las iniciativas legislativas que considera que suponen merma de ingresos o incremento de gasto presupuestario, ¡cuando ni siquiera había presupuestos aprobados para 2017!!

Cuando me preguntan estos días por qué hemos realizado por toda España estas marchas, respondo que hay al menos 32 millones de razones para reivindicar unas pensiones dignas.

Nueve millones y medio de argumentos

Una por cada uno de los nueve millones y medio de pensionistas que un año más, y así hasta 2022 como poco, ven como el Gobierno ha revalorizado sus pensiones un mísero 0,25% (2,3€ al mes de media), mientras la inflación ya se sitúa en un 1,8%. Los pensionistas tampoco tendrán la paga para compensar la desviación del IPC porque la ley del Partido Popular no prevé la compensación por la desviación de precios.Es decir, tan solo este año, perderán un 1,55% de poder adquisitivo si la inflación al final del ejercicio se mantiene en este porcentaje de incremento. Lo que es especialmente grave si tenemos en cuenta que la pensión media no llega a mil euros (918€ exactamente), y la más habitual 650, la mitad de los pensionistas cobran menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sus pensiones se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

Son nueve millones y medio de razones para que sus pensiones se revaloricen de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) y no de acuerdo a una fórmula injusta de Ley de la Seguridad Social impuesta unilateralmente por el Partido Popular en 2013.

Pero para que seamos conscientes del alcance de la medida del Gobierno, voy a desgranar su incidencia: los pensionistas españoles ganan cada mes de 2017 la friolera de 2,3 euros más de media, aunque la mayoría cobrarán 1,62 euros de media más al mes porque la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros, como ya he dicho. Una subida escalofriante (por lo raquítica) si además tenemos en cuenta que más de la mitad de los pensionistas, casi cinco millones de personas, cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de los 707,6 euros aprobados en el Consejo de Ministros para 2017. De ellos, 1,9 millones (dos de cada diez pensionistas) percibe entre 600 y 655,2 euros. Otro millón de pensionistas (uno de cada diez) cobran incluso menos. Es decir, la mitad tienen unos ingresos por pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Además, entre los que cobran pensiones por debajo del salario mínimo, siete de cada diez son mujeres (más de tres millones), y tres de cada diez son hombres (un millón y medio), lo que se explica por las pensiones de viudedad, percibidas casi en su totalidad por mujeres. Y son las viudas y los huérfanos los que tienen unas pensiones más míseras y sufren una situación peor.

El Ejecutivo muestra la escasa consideración que tiene hacia los pensionistas de nuestro país y reafirma su modelo público, basado en un sistema de pensiones cada vez más reducidas, que nos conduce a un sistema de pensiones mínimas, en el que los trabajadores que se jubilen serán cada vez más pobres, que no podrán mantener su nivel de vida, pero sí abre negocio a los fondos privados de pensiones. Eso si tienen dinero para costear uno, porque con la precariedad laboral y los salarios de miseria que padecen los trabajadores españoles, lo veo muy difícil.

La relatividad del coste económico

El argumento del PP para no aceptar nuestrapropuesta, para que las pensiones se revaloricen de acuerdo al IPC, es su coste económico. ¿Sabes cuánto vale revalorizar las pensiones un 1,2% (la previsión inicial de inflación del propio Gobierno) como proponen UGT y CCOO y como apoyan todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular? Unos 1.200 millones de euros. ¿Sabes cuánto costará a la Seguridad Social la revalorización del 0,25% aprobada por el Gobierno? 272 millones de euros.

Y puede que pienses a la vista de diferencia que a lo mejor está justificada la medida. Pero todo es relativo. ¿Sabes cuánto nos costará a todos los españoles rescatar de la quiebra las autopistas de peajes radiales de Madrid? Unos 2.000 millones según el Gobierno y unos 5.000 millones según Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Parece que, una vez más, para el Gobierno es más fácil recatar autopistas que a personas. Y digo una vez más porque hay que recordar casos como los 1.350,7 millones que el Ejecutivo pagó a ACS en compensación por la plataforma gasista Castor, o los 51.303 millones (oficiales) que inyectó a los bancos y de los que solo ha recuperado 2.666 millones y que ya presume que difícilmente podrá recuperar miles de ellos. España es el país europeo que más dinero lleva perdido en el rescate bancario entre las grandes economías, un 4,3% del PIB. Supera a Alemania, Reino Unido o Italia, según la Comisión Europea. En cifra absoluta está a la cabeza, con 48.000 millones no recuperables.
Un Gobierno que apela siempre al diálogo social, pero en una de las primeras cuestiones importantes que ha tenido que tratar en la nueva Legislatura sigue sin estudiar las propuestas de los sindicatos, mantiene congelado el diálogo social, no nos ha dado explicaciones, no reconoce las necesidades de los pensionistas y tampoco argumenta la negativa a esta revalorización. Si el Gobierno no quiere contar con el Pacto de Toledo y con el diálogo social es su problema, pero su deber es cuidar y gestionar adecuadamente el sistema de pensiones, y eso no incluye ni los recortes ni el desmantelamiento del mismo.

Insisto, el gasto no es un problema para revalorizar las pensiones por encima de la inflación. Si hay dinero para rescatar las autopistas, que han supuesto un repago para la población, tiene que haber dinero para pagar las pensiones. Lo que en realidad pretende este Ejecutivo es disminuir tanto las pensiones públicas que las personas tengan que ir a los fondos privados para asegurar su futuro. Y UGT, en la medida de sus posibilidades, lo va a impedir.

Es necesario que seamos conscientes de la importancia de las pensiones para la ciudadanía. Actualmente en España las pensiones suponen la fuente de ingreso de nueve millones de personas. Además, han contribuido a sostener a 4 de cada 10 familias españolas durante la crisis. El año pasado, 400.000 pensionistas han tenido que abandonar sus tratamientos médicos al no poder hacer frente al copago farmacéutico, una medida impuesta por el Gobierno del PP y que le permite “ahorrar” 1.000 millones de euros al año a costa de la salud, sobre todo la de nuestros mayores. Si cada año el Gobierno “extrae” 1.000 millones de euros por copago farmacéutico de nuestros pensionistas y solo les sube un 0,25% sus pensiones, esto es 1,40 euros al mes, con lo cual se puede decir que cada año a través del copago, costea la pírrica subida de las pensiones.

Otros 22,7 millones de razones

Para UGT hay al menos otros 18,3 millones de razones para haber realizado estas movilizaciones: una por cada uno de los actuales cotizantes al sistema de Seguridad Social. Pero a los que habría que sumar otros 4,4 millones de trabajadores y trabajadoras que completan la población activa de este país. Pero nuestras marchas y nuestras reclamaciones, lejos de lo que se pueda pensar, no están dirigidas solo a los pensionistas actuales. Cometeríamos un error si pensáramos a corto plazo. Está en juego no solo la pensión de los actuales pensionistas, sino también de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se van acercando a la edad de jubilación, e incluso de los más jóvenes, aunque ahora lo vean como algo lejano o utópico.

Con la reforma de las pensiones de 2013, el Gobierno quiere recortar las pensiones futuras a la mitad, ya que, duplicándose el número de pensionistas en un futuro por el aumento demográfico, pretende gastar lo mismo que en la actualidad. De acuerdo con el factor de sostenibilidad, cuando esté vigente este factor, el pensionista futuro podrá llegar a percibir menos del 50% de su último salario, olvidándonos del 80% actual. Vamos a tener más pensionistas, pero cada vez serán más pobres. El Ejecutivo pretende que, en unos años, aunque dupliquemos el número de pensionistas en nuestro país, se gaste el mismo presupuesto en pensiones, por lo que se quedarán reducidas a la mitad.

El propio Gobierno reconoció en la última versión de la Actualización de Programa de Estabilidad 2017-2012, que presentó en Bruselas (aunque trata de silenciarlo en España), las consecuencias de su política de pensiones. Estima que partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente); y que en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).

A esto hay que sumar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno, para evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el incremento de pensiones del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), lo que producirá un grave y creciente empobrecimiento de los pensionistas a lo largo de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales).

Al Gobierno no parece interesarle el daño que se produce en la equidad intergeneracional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les preceden.

Todo esto hace que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y a partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según las propias estimaciones del Gobierno.

De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se convertirá en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional. Para UGT, hay que garantizar las pensiones de la generación que más riqueza ha generado en nuestro país, por lo que reclama más recursos para las pensiones, a través de impuestos y cotizaciones; revalorizarlas, como mínimo, en base al IPC, como ocurre en todos los países de la OCDE, y asegurar los derechos de esa generación como se ha hecho con las anteriores. Es necesario sostener las pensiones de las próximas generaciones de pensionistas, incluida la del babyboom (nacida entre 1960 y 1975), y hay que mantener los derechos de esa generación, la que más ha aportado en riqueza en este país, como se ha hecho con las generaciones anteriores.

UGT considera esto inadmisible y no va a permitir que la generación más grande de la historia, la que más ha levantado el nivel de vida del país, sea la de los jubilados más pobres de la historia. El Gobierno lo único que pretende es privatizar las pensiones, que sean tan bajas que haya que acudir a los fondos privados de pensiones para poder tener una pensión asegurada.

La reforma de 2013 planea congelar el gasto en porcentaje de PIB, aunque sean muchos más pensionistas que los actuales. UGT propone justo lo contrario: dedicar más recursos al sistema, porque habrá más pensionistas en un futuro; no pagar pensiones más bajas argumentando que serán muchas las que habrá que abonar, como hace el Ejecutivo hasta la fecha; e igualar los derechos de la generación futura con las anteriores.

Impulsar el trabajo decente para tener #PensionesDignas

Porque no es problema de gasto, es una cuestión de ingresos. Muchos intentan evidenciar un problema de gasto de la Seguridad Social para justificar la situación, pero no es así. La Seguridad Social tiene un problema de ingresos. Por ejemplo, para que se pueda evidenciar lo que decimos, en Alemania o Francia las aportaciones del Estado representan más del 25% del total de gasto en pensiones. Además, el Gobierno oculta que el nivel de ingresos por cotizaciones es inferior al del 14% en Alemania y el 16,9% en Francia.

El recorte en el gasto en pensiones que el Gobierno decidió en 2013 ya comienza a ser una realidad insoportable, pero es que además va a ir a peor. Como ya he dicho, el propio Ejecutivo estima que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa.

El sindicato considera que el sistema de Seguridad Social no tiene un problema de gastos (gastamos menos que Francia, Italia o Alemania, en torno a 3 o 4 puntos), sino de ingresos y la falta de ingresos está directamente relacionada con la caída de las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores. La tasa de desempleo en nuestro país todavía se sitúa en el 17,22% (según los últimos datos de la EPA) pero es que además el empleo que se crea es cada vez más temporal y precario y continúa la devaluación salarial, a causa de la reforma laboral de 2012 impuesta por Gobierno del PP, lo que ha supuesto una rebaja en las arcas de la Seguridad Social.

Por tanto, UGT considera que lo primero es cambiar el actual el modelo laboral para que el empleo estable y con derechos sea la norma. Esto permitirá sanear nuestro sistema de Seguridad Social.
Y no es un problema del déficit del sistema. UGT recuerda sus propuestas para atajar el déficit de la Seguridad Social en el corto plazo: acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la SS; financiar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización, porque es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. Tres medidas que ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y prácticamente podrían acabar con su déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. Medidas que el sindicato ha pedido que se debatieran, cuanto antes, en el seno del Pacto de Toledo.

Más allá de estas medidas, sería necesario para restablecer el equilibrio financiero del sistema, y siempre en el marco del Pacto de Toledo, la revisión inmediata de las fuentes de financiación. UGT considera que es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Se trata de crear una cesta de impuestos, de carácter finalista, que permitiera además alimentar el Fondo de Reserva. Un Fondo de Reserva que el Gobierno ha esquilmado.

El Gobierno sigue vetando la recuperación de derechos de los pensionistas

El Ejecutivo mantiene artificialmente el déficit de Seguridad Social, además de esquilmar su fondo de reserva y endeudarla aún más, para no subir las pensiones más que un 0,25% y se escuda en el Pacto de Toledo como excusa. Mientras bonifica los planes privados de pensiones, desatiende las propuestas de los interlocutores sociales, que han planteado numerosas soluciones al problema del déficit de la Seguridad Social; no impulsa acuerdos en el marco del Pacto de Toledo, que lleva más de un año funcionando sin que el Gobierno escuche las propuestas de los grupos políticos presentes, ni escucha al Parlamento, donde ha vetado, por motivos económicos, las proposiciones de ley que le instaban a atender a nuestros jubilados y pensionistas como merecen, a respetar el derecho a una pensión digna y suficiente y a cuidar la calidad de vida de nuestros mayores.

El Gobierno debe dejar de utilizar a los pensionistas para cuadrar las cuentas y derogar, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, la reforma unilateral que aprobó en 2013, que además de romper el consenso en materia de pensiones, condena a los pensionistas presentes y futuros a una pérdida constante de su poder adquisitivo.

El Gobierno tiene que rectificar y demostrar su voluntad de diálogo para hacer una política que no castigue a los ciudadanos, en este caso a los más vulnerables, nuestros mayores.

Cuestión de dignidad, cuestión de justicia

La Constitución Española establece que la pensión es propia e individual, conforme a lo cotizado y ha de permitir una vida en condiciones dignas, algo que hoy por hoy no se produce.

Por eso, UGT defiende una subida de las pensiones más bajas, en el objetivo de avanzar a 1000 euros de pensión mínima acorde con el Salario Mínimo Interprofesional que demandamos los sindicatos, y derogar la reforma de 2013, y recuperar el consenso en materia de pensiones a través del diálogo social y el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme a la evolución de los precios.
El sindicato va a luchar por unas pensiones públicas dignas y de calidad, tanto para los pensionistas actuales como para las generaciones futuras. Es de justicia social y es algo que están reivindicando tanto las organizaciones sindicales como los grupos políticos y los distintos expertos de nuestro país.
Por al menos 32 millones de razones, el Gobierno debe suprimir los recortes, revalorizar las pensiones y buscar nuevas vías de financiación del sistema.

Estos días se habla mucho de dignidad, pero como nuestro país siga sin respetar a nuestros mayores no viviremos en un país digno.

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